La pandemia mundial que ha generado el Covid-19, ha convertido a los abogados laboralistas y concursales en unos de los profesionales más demandados de 2020.
Esta crisis ha originado un empobrecimiento en la economía mundial llevando a muchas empresas a enfrentarse a un escenario de incertidumbre: ERTEs, EREs, impagos, insolvencias, refinanciación de deuda etc., suscitando infinitas consultas con el fin de poder manejar esta situación para la que nadie estaba preparado.
La Ley contemplaba ciertos mecanismos como el ERTE para solventar crisis imprevistas de las empresas, pero estos mecanismos que la Ley preveía se han visto modificados y matizados por Reales Decretos - ley, órdenes, y otras normas que deben estudiarse con detenimiento. Los despachos de abogados se han visto por tanto abocados a reforzar sus áreas laborales para dar respuesta a las necesidades de sus clientes, lo que no resulta fácil pues se asesora basándose en una normativa nacional que cambia de un día para otro.
Esta crisis ha originado un empobrecimiento en la economía mundial llevando a muchas empresas a enfrentarse a un escenario de incertidumbre: ERTEs, EREs, impagos, insolvencias, refinanciación de deuda etc., suscitando infinitas consultas con el fin de poder manejar esta situación para la que nadie estaba preparado.
La Ley contemplaba ciertos mecanismos como el ERTE para solventar crisis imprevistas de las empresas, pero estos mecanismos que la Ley preveía se han visto modificados y matizados por Reales Decretos - ley, órdenes, y otras normas que deben estudiarse con detenimiento. Los despachos de abogados se han visto por tanto abocados a reforzar sus áreas laborales para dar respuesta a las necesidades de sus clientes, lo que no resulta fácil pues se asesora basándose en una normativa nacional que cambia de un día para otro.
Diferentes informes y proyecciones indican un incremento de hasta un 200% de concursos de acreedores durante los próximos meses, algo similar a lo que ocurrió en el año 2009, cuando estalló la última gran recesión económica. Para proteger a las personas físicas y jurídicas que tuviesen más dificultad para hacer frente al pago de sus obligaciones, la normativa en materia de
insolvencia y concurso de acreedores también se ha visto adaptada.
La crisis sanitaria también ha disparado dudas sobre la seguridad en el ámbito laboral y sus consecuencias legales por la catalogación por parte del Gobierno mediante Real Decreto 6/2020 del 10 de marzo, del aislamiento o
contagio por coronavirus como accidente de trabajo a los efectos exclusivamente de la prestación por incapacidad temporal. Si la infección tuvo su origen en el entorno laboral, se aplicarán las normas previstas para los accidentes de trabajo a todos los efectos y esto significa que las empresas podrían enfrentarse a responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales. La
jurisdicción suele proteger al trabajador, recayendo sobre la empresa la obligación de probar que se adoptaron todas las medidas necesarias para evitar o prevenir riesgos, respondiendo el empleador incluso en los casos de imprudencia del trabajador, siempre que ésta no sea temeraria (artículo 96 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social).
Diferentes informes y proyecciones indican un incremento de hasta un 200% de concursos de acreedores durante los próximos meses, algo similar a lo que ocurrió en el año 2009, cuando estalló la última gran recesión económica. Para proteger a las personas físicas y jurídicas que tuviesen más dificultad para hacer frente al pago de sus obligaciones, la normativa en materia de insolvencia y concurso de acreedores también se ha visto adaptada.
La crisis sanitaria también ha disparado dudas sobre la seguridad en el ámbito laboral y sus consecuencias legales por la catalogación por parte del Gobierno mediante Real Decreto 6/2020 del 10 de marzo, del aislamiento o contagio por coronavirus como accidente de trabajo a los efectos exclusivamente de la prestación por incapacidad temporal. Si la infección tuvo su origen en el entorno laboral, se aplicarán las normas previstas para los accidentes de trabajo a todos los efectos y esto significa que las empresas podrían enfrentarse a responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales. La jurisdicción suele proteger al trabajador, recayendo sobre la empresa la obligación de probar que se adoptaron todas las medidas necesarias para evitar o prevenir riesgos, respondiendo el empleador incluso en los casos de imprudencia del trabajador, siempre que ésta no sea temeraria (artículo 96 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social).
Desde el inicio de esta crisis, se ha producido una avalancha de Reales Decretos-ley, órdenes, así como criterios y guías de interpretación, que se han dictado de manera constante desde el pasado 13 de marzo y que no han sido fáciles de asimilar, sobre todo, porque un buen asesoramiento pasa por su conocimiento inmediato. Esta oleada de normas publicadas hace que, tanto grandes firmas como pequeños despachos, tengan que adaptarse en tiempo récord, cuestión que puede generar mucha incertidumbre e inseguridad.
En este entorno tan complejo, con una litigiosidad previsible en aumento y unos cambios legislativos constantes, la actividad de los despachos se puede disparar con la exposición que esto conlleva. Por ello, las pólizas de RC Profesional para abogados cobran gran importancia dado el incremento en su actividad como consecuencia de la necesidad de asistencia legal en el ámbito laboral, financiero y civil.
Desde el inicio de esta crisis, se ha producido una avalancha de Reales Decretos-ley, órdenes, así como criterios y guías de interpretación, que se han dictado de manera constante desde el pasado 13 de marzo y que no han sido fáciles de asimilar, sobre todo, porque un buen asesoramiento pasa por su conocimiento inmediato. Esta oleada de normas publicadas hace que, tanto grandes firmas como pequeños despachos, tengan que adaptarse en tiempo récord, cuestión que puede generar mucha incertidumbre e inseguridad.
En este entorno tan complejo, con una litigiosidad previsible en aumento y unos cambios legislativos constantes, la actividad de los despachos se puede disparar con la exposición que esto conlleva. Por ello, las pólizas de RC Profesional para abogados cobran gran importancia dado el incremento en su actividad como consecuencia de la necesidad de asistencia legal en el ámbito laboral, financiero y civil.
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